La Audiencia Nacional archiva la pieza 10 del caso Púnica y descarta delito en los contratos de reputación online

La Audiencia Nacional ha dictado resolución poniendo fin a la pieza 10 del caso Púnica, en la que se investigaba la contratación de servicios de gestión de reputación en internet por parte de varios cargos locales del Partit Popular a las empresas EICO y Madiva, vinculadas al empresario Alejandro de Pedro. La causa, abierta en 2014 bajo la dirección del entonces magistrado Eloy Velasco, llegó a involucrar a cerca de 40 personas, entre ellas la exalcaldesa de Dénia Ana Kringe.

Según la resolución, no existen pruebas suficientes que sustenten la existencia de un acuerdo delictivo en la adjudicación de contratos públicos. Entre los delitos analizados figuraban falsedad documental, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. El juez concluye que no se ha acreditado la comisión de ninguno de ellos.

El archivo se produce tras la decisión previa de la sección cuarta de lo penal de la Audiencia Nacional de cerrar las actuaciones contra la exconsejera madrileña Lucía Figar en la misma pieza. En aquel caso, se entendió que la contratación de servicios de reputación online no constituía una conducta delictiva en el ejercicio del cargo público, un proceso que desembocó en su dimisión en 2015.

Para fundamentar su decisión, el magistrado se apoya en jurisprudencia del Tribunal Supremo y en una sentencia reciente de la sección primera penal relativa a contratos similares en la Diputación de León. En ambos supuestos, se concluyó que no quedó probado que dichos servicios se prestaran en beneficio personal de los responsables públicos.

La resolución incide en la dificultad de trazar una frontera clara entre la promoción de la imagen institucional y el prestigio político personal, especialmente en un contexto dominado por la comunicación digital, las redes sociales y los medios online. A juicio del juez, establecer esa línea resulta “extremadamente difícil, cuando no imposible”, y convertirla en objeto de persecución penal generalizada desnaturalizaría el propio sistema.

Finalmente, el magistrado destaca que en todos los contratos analizados los servicios se prestaron conforme a lo pactado, que los contenidos publicados se referían a la actividad pública de los cargos implicados y que no se han detectado sobrecostes ni precios alejados de los estándares habituales del mercado publicitario.

Un cierre judicial que, más allá del caso concreto, deja una reflexión clara, en la política actual, comunicación institucional y reputación digital van inevitablemente de la mano, y no todo marketing es delito.

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